Mineros ilegales en Perú superarían los 300 mil según fiscal especializado2 min lectura
El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, reveló que en el Perú operarían alrededor de 300 mil mineros ilegales, concentrados principalmente en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash. Esta alarmante cifra refleja un desafío significativo para las autoridades encargadas de combatir la minería ilegal en el país.
Impacto y dificultades en la lucha contra la minería ilegal
Chávarry destacó que el Ministerio Público ha iniciado más de 7,200 investigaciones relacionadas con mineros ilegales desde 2019. Sin embargo, hasta la fecha, solo se han obtenido 320 condenas. Esto se debe a la limitada capacidad investigativa y la falta de personal para atender la intensa carga procesal.
“En comparación con la cantidad de mineros ilegales que existirían, la respuesta judicial es insuficiente. Además, la carga procesal en los juzgados retrasa los juicios orales en casos de minería ilegal”, explicó el fiscal.
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El Reinfo como un obstáculo para la formalización
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado bajo el Decreto Legislativo N° 1351, fue señalado como un factor que dificulta la lucha contra la minería ilegal. Según el fiscal Chávarry, este mecanismo ha sido utilizado por mineros ilegales como una forma de evitar sanciones penales.
“El Reinfo se ha convertido en un camuflaje para muchos mineros ilegales que no buscan formalizarse, sino beneficiarse de la exención de responsabilidad penal por minería ilegal que este proceso ofrece”, afirmó el fiscal.
Propuestas para un cambio estructural
Chávarry recomendó que el Congreso de la República no extienda la vigencia del Reinfo, cuya expiración está programada para el 31 de diciembre de este año. En lugar de ello, sugirió implementar un nuevo sistema que incentive la formalización minera y permita una fiscalización más efectiva.
Finalmente, el fiscal enfatizó que enfrentar la problemática de los mineros ilegales requiere el compromiso de diversas instituciones para garantizar un proceso transparente, con leyes que refuercen la lucha contra esta actividad ilícita.
