Minería ilegal amenaza proyectos formales y fomenta vacío legal, advierte vicepresidente del IIMP2 min lectura
La minería ilegal continúa representando un grave desafío para el desarrollo de proyectos formales en el Perú. Según Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), muchos inversionistas enfrentan no solo la tramitología para sacar adelante sus iniciativas, sino también las amenazas derivadas de concesiones invadidas por esta actividad ilícita.
“Tenemos varios proyectos de inversión significativos que están en zonas invadidas por mineros ilegales. Esto genera un vacío legal que dificulta el desarrollo, ya sea en la etapa de exploración o minado”, señaló Ortiz durante su intervención en el último Jueves Minero.
Impacto y riesgos de la minería ilegal
Además del impacto sobre las concesiones formales, la minería ilegal ha generado un clima de incertidumbre para los inversionistas y el sector minero en general. Gustavo Ramírez, abogado senior de Licencias y Autorizaciones de Compañía Minera Poderosa, destacó que esta problemática se ha visto agravada con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más, aprobado por el Congreso de la República.
Leer también Pampa de Pongo: Proyecto avanza en la evaluación de modificación ambiental para el inicio de sus operaciones
“El Reinfo se ha convertido en el mecanismo perfecto para operar con impunidad. Lo que está pasando en Pataz ya ocurre en otras zonas del país, y el avance de estas economías criminales pone en riesgo la gobernabilidad del sector”, señaló Ramírez.
Un llamado a la acción
De cara al 2025, uno de los mayores retos para el Gobierno será encontrar una solución efectiva para frenar el avance de la minería ilegal. Según los expertos, es fundamental reforzar las acciones de fiscalización y establecer un marco legal que brinde mayor claridad y seguridad a los proyectos mineros formales.
La lucha contra la minería ilegal no solo es esencial para el desarrollo del sector, sino también para proteger la sostenibilidad y la legalidad de las actividades extractivas en el Perú.