Ejecutivo intensifica lucha contra la minería ilegal con 45 operativos en 14 regiones2 min lectura

El Gobierno continúa reforzando su lucha contra la minería ilegal con la ejecución de 45 operativos de interdicción en 14 regiones del país, llevados a cabo entre el 16 y el 28 de febrero. Estas acciones, lideradas por la Policía Nacional del Perú y la Marina de Guerra, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, permitieron la incautación y destrucción de bienes utilizados en actividades ilícitas, valorizados en más de S/ 123.5 millones.

Resultados de los operativos contra la minería ilegal

Los operativos se realizaron en Amazonas (4), Áncash (1), Arequipa (2), Cajamarca (3), Cusco (3), Huánuco (3), Junín (2), La Libertad (4), Loreto (2), Madre de Dios (17), Piura (1), Puno (1), Tacna (1) y Ucayali (1), con La Libertad liderando en valor económico incautado, con más de S/ 81.6 millones. Le siguen Madre de Dios (S/ 15.6 millones), Huánuco (S/ 6.3 millones) y Amazonas (S/ 4.2 millones).

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Uno de los operativos más significativos se realizó en el distrito de La Esperanza, en Trujillo, donde se incautaron maquinarias e insumos valorizados en más de S/ 72 millones.

Compromiso del Ejecutivo contra la minería ilegal

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reafirmó el compromiso del Ejecutivo para frenar la minería ilegal y sus efectos negativos en los ecosistemas y comunidades originarias. «Seguiremos desplegando operativos en diferentes regiones del país para llevar ante la justicia a quienes persisten en estas prácticas ilegales», enfatizó.

Entre los bienes incautados en estos operativos figuran vehículos, maquinaria pesada, motores, tanques de combustible y herramientas especializadas, esenciales para la operación de la minería ilegal.

Con los operativos realizados en la primera quincena de febrero, el total de intervenciones del mes alcanzó las 78, logrando incautar y destruir materiales y equipos por un valor de S/ 244.5 millones. Estas acciones refuerzan la estrategia del Gobierno para combatir esta actividad ilícita y proteger el medio ambiente y la seguridad de las comunidades afectadas.