Dante Vera: Bandas internacionales se expanden a través de la minería ilegal6 min lectura
Dante Vera, director-fundador de V&C Analistas, brindó una entrevista al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) donde analizó las causas detrás de la ola de violencia que se está viviendo en la provincia de Pataz, La Libertad, y vienen afectando a una de las principales empresas productoras de oro del país, Minera Poderosa.
Además, advirtió que de no tomarse cartas en el asunto, el problema de la minería ilegal en el país corre el riesgo de escalar y transformarse en narco minería, como se ha visto en países vecinos.
¿Cuáles son las principales causas del crecimiento de la minería ilegal en el Perú?
Hay un problema de primer orden, un problema estructural, que es la crisis de la agricultura familiar y la pobreza rural. Ese es un asunto que está golpeando a amplios sectores del campo y que no ven en su actividad económica actual una posibilidad de ingresos para su familia.
En segundo lugar, considero que las características del país, que tiene un 75.7 % de informalidad, hacen que esta se extienda en todas las regiones y, por lo tanto, las posibilidades de encontrar empleo formal son muy escasas. Hay lugares en el Perú como Bagua, Jaén, Juliaca, en donde la informalidad llega casi al 80 – 90%. Esa es una segunda causa estructural, cuya remediación demorará algún tiempo, porque el Estado peruano ha tenido varios ensayos para superar esta situación y no lo ha logrado.
¿Hay una causa adicional?
Sí, hay un problema más de coyuntura que es el precio de los metales, particularmente del oro y el cobre. Desde hace unos años, el precio de dichos metales se mantiene y no dan la baja, incluso se han marcado récords históricos de sus precios. Esto significa “una fiebre del oro”, en la cual se desplazan poblaciones a los llamados distritos o zonas mineras a rascar la Tierra y buscar mineral como sea.
¿Cómo influye el contexto internacional?
Hay otras 2 razones que son sumamente preocupantes y es lo que quiero subrayar porque son nuevas. Una es la inmigración que yo le llamo sur – sur, es decir los migrantes que vienen de Venezuela, Colombia, Haití, ya no hacia Estados Unidos, sino hacia esta parte del continente, a la región andina, el Mercosur.
Esta emigración ocupa territorios sin que existan las condiciones como para incorporarlos a la economía, entonces se incorpora a una economía informal. Y lo que está ocurriendo es que se están incorporando a economías ilegales, como lo que viene sucediendo en el Perú.
¿Cuál es la otra razón?
La expansión de organizaciones criminales trasnacionales, como es el caso del Tren de Aragua que se ha expandido a 6 países del continente, desde Venezuela hasta Chile, pasando por el Perú, y se dedican a la extorsión, usurpación de terrenos, prostitución, etc. En el caso del Tren de Aragua, su presencia en el norte del país tiene 2 propósitos: facilitar el negocio de la trata de personas y comenzar a tener presencia en lugares de explotación aurífera.
Este es el caso de Pataz y es probable que se extienda a otras zonas. En Cajamarca, la provincia de Cajabamba, ya tenemos noticias de la presencia de esta organización criminal, que se disfraza de compañía de seguridad para los mineros, pero en realidad son sicarios.
¿Eso significa que el problema de la minería ilegal en el país se encamina a ser mucho más grave?
La minería ilegal va a estar expuesta a un producto que ellos mismos están generando: la ilegalidad, que genera este nuevo problema con organizaciones criminales trasnacionales. Estas organizaciones vienen y les colocan “vacunas”, es decir los extorsionan y tienen que pagar. El problema está en que termine sucediendo como en Ecuador, Brasil y Colombia, donde estas organizaciones terminan haciendo minería ilegal y fomentan su vinculación con el narcotráfico, que ellos también desarrollan.
Por eso, ahora se habla de un negocio de narco minería.
¿Y cómo se traduce ese concepto de narco minería?
Es un fenómeno que está apareciendo, todavía no lo tenemos muy claramente establecido en el Perú. Salvo los grandes casos, como los Sánchez Paredes, no ha habido mucho este control territorial narco minero, pero ya se está produciendo en Ecuador, Brasil, Colombia, y creo que dentro de poco va a aparecer este fenómeno en Perú.
En el caso de la provincia de Pataz ¿hay algún otro factor local que haya influido para que surja el conflicto actual?
Pataz es digno de un estudio de caso porque lo que puede ocurrir dramáticamente en el Perú es que se multipliquen los “Pataz” y eso sería una cuestión demasiado complicada.
Primero, en Pataz hay un recurso enorme que es el oro. Y no es la única región del país que tiene ese recurso. Hay que poner especial atención en lo que pueda ocurrir en otras zonas del Perú ricas en oro.
Segundo, está presente la empresa mayor productora de oro en el país, Minera Poderosa, y hay otra empresa en Retama que se llama Horizonte, también produce oro, pero está un poco más lejos de Pataz.
Tercero, la empresa Poderosa había llegado a un acuerdo con los mineros informales que tienen larga data en la zona. El acuerdo, que viene funcionando bien desde el 2012, permite que los mineros informales realicen explotación de oro en la concesión de la que Poderosa es titular, con la condición de que se formalicen y entreguen el oro a la empresa con el precio del mercado.
Desde el 18 de agosto han declarado en Estado de Emergencia por 30 días a la provincia de Pataz. ¿Cómo contribuye esta medida y qué otras hacen falta para la solución del problema?
La declaración del Estado de Emergencia tiene que ir acompañada de 3 tipos de acciones simultáneas. Primero, tiene que haber presencia policial, no estoy de acuerdo con que se militarice la zona. Tiene que haber presencia policial y no se trata de abrir una comisaría con 7 policías porque no hacen nada, tiene que abrirse una base policial en la que incluso se destaque a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).
¿Qué otras medidas se deben adoptar?
Tiene que haber presencia de otras instancias del Estado, particularmente fiscales, como las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA); y jueces especializados en cuestiones ambientales para procesar a los delincuentes que atentan contra el medio ambiente y cometen delitos de minería ilegal.
¿Eso es suficiente?
También hay que tener un nivel de acción simultánea, tiene que haber un plan de ejecución de obras para instalar servicios públicos básicos en varios pueblos de la zona, donde no existen agua, desagüe, electricidad y vías de comunicación.
Entonces, policías, autoridades y servicios públicos. Además, tiene que ser un plan sostenido, no un operativo que dura unos días, sino que se despliegue de forma multisectorial del Estado y que sepa a dónde golpear, no que golpea a todo el mundo, sino que sepa dónde está el problema y el problema en Pataz son las organizaciones criminales.
