Fiscalía de Extinción de Dominio incauta 19.46 kg de oro de origen ilícito2 min lectura

Fiscalía de Extinción

Fiscalía de Extinción de Dominio incauta 19.46 kg de oro de origen ilícito2 min lectura

La Fiscalía de Extinción de Dominio logró una sentencia clave en la lucha contra la minería ilegal y el lavado de activos. La Quinta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, bajo la dirección del fiscal provincial Carlos Arturo Salas Bustinza, ordenó la incautación de dos barras de oro con un peso total de 19.46 kg, valorizadas en más de 1’732,913 dólares.

 

La sentencia se enmarca dentro de una investigación iniciada en 2020, cuando la empresa Coorporación Capricornio Company E.I.R.L. intentó exportar dicho oro a los Estados Unidos, alegando que provenía de concesiones mineras legales. Sin embargo, tras una minuciosa investigación del Ministerio Público, se determinó que el material aurífero tenía un origen ilícito, vinculado a actividades de minería ilegal y lavado de activos.

 

Investigación y fallo judicial

 

Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que la empresa involucrada actuó como fachada para ocultar la procedencia real del oro y facilitar su exportación. La Fiscalía de Extinción de Dominio sustentó que los bienes incautados eran producto de delitos financieros y ambientales, logrando que el Estado recupere este activo de alto valor.

 

La aplicación del Decreto Legislativo N° 1373, que regula la extinción de dominio en el Perú, permitió que el material aurífero pase a manos del Estado, evitando que organizaciones criminales se beneficien de actividades ilícitas.

 

Compromiso contra la minería ilegal

 

El Ministerio Público reafirmó su compromiso de seguir combatiendo el crimen organizado, el lavado de activos y la minería ilegal. Además, instó a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas y colaborar con las investigaciones que permitan recuperar bienes obtenidos mediante actos ilícitos.

 

Con este fallo, la Fiscalía de Extinción de Dominio marca un precedente en la lucha contra las organizaciones criminales, reforzando las acciones del Estado para desmantelar estructuras que operan fuera del marco legal y afectan la economía y el medio ambiente.