Fiscalía incauta S/1,000 millones en bienes de minería ilegal y logra 320 sentencias condenatorias2 min lectura

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Fiscalía incauta S/1,000 millones en bienes de minería ilegal y logra 320 sentencias condenatorias2 min lectura

El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, informó que hasta la fecha se han incautado bienes valorados en más de S/ 1,000 millones como parte de las intervenciones contra la minería ilegal realizadas junto a la Policía Nacional del Perú. Estas acciones incluyen el decomiso de maquinaria pesada como excavadoras, volquetes y cargadores frontales, así como hasta 1,000 kilos de oro.

 

Resultados en la lucha contra la minería ilegal

 

El Ministerio Público ha logrado obtener 320 sentencias condenatorias relacionadas con actividades de minería ilegal a nivel nacional. Además, se investigan más de 7,200 casos vinculados a este delito. A pesar de estos avances, el fiscal Chávarry señaló que el impacto de estas medidas aún es limitado frente a la magnitud de esta problemática.

 

“En comparación a la cantidad de mineros ilegales que habría, es poca la respuesta que se puede tener en cuanto a la erradicación de la minería ilegal a través de la vía judicial y penal”, señaló Chávarry.

 

Comportamiento nómade de las organizaciones criminales

 

El fiscal también destacó que las organizaciones vinculadas a la minería ilegal tienen un comportamiento nómade, desplazándose constantemente hacia zonas con disponibilidad de agua, un recurso esencial para esta actividad. Este modus operandi les permite evadir controles en las regiones donde operan.

 

 

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Entre las nuevas áreas de operación se encuentran reservas naturales protegidas como la Reserva Tambopata en Madre de Dios y el Parque Nacional Bahuaja Sonene en Puno. Además, mencionó que estas actividades ilegales se están extendiendo a los ríos Nanay y Cenepa, lo que demuestra un movimiento continuo hacia zonas más remotas.

 

Impacto ambiental y desafíos

 

La minería ilegal no solo representa un problema económico, sino también una amenaza significativa para el medio ambiente y las áreas naturales protegidas del país. La Fiscalía continúa fortaleciendo sus esfuerzos para combatir este flagelo, aunque reconoce que se necesitan medidas más integrales para abordar esta problemática de manera efectiva.

 

Fuente: IIMP