U. del Pacífico: Cancelación de proyectos mineros afectan el nivel de atracción de inversiones en Perú8 min lectura

U. del Pacífico: Cancelación de proyectos mineros afectan el nivel de atracción de inversiones en Perú8 min lectura

La minería es una actividad clave para el país que, en 2022, aportó el 14.9% del PBI nacional (MINEM). En este año, marcado por la conflictividad social, se ha iniciado la producción en Quellaveco. Sin embargo, no hay megaproyectos en cartera y si bien la inversión programada para 2023-2024 es de aproximadamente $6,920 millones según el MINEM, es muy posible que no lleguemos a cumplir esa meta. Conversamos con Gonzalo Delgado, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS) sobre los niveles de crecimiento y las proyecciones del sector minero hacia fines de 2023.

 

Para los años 2023 y 2024, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) prevé caídas interanuales de 18,9% y 8,7%, respectivamente ¿Cómo se ha comportado el sector en la primera mitad de este año?

 

Depende de cómo lo veas. En términos de producción, la minería metálica, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), ha crecido 20.9% en abril de 2023 en comparación al mismo mes de 2022. Es la mayor tasa de crecimiento desde junio de 2021. Básicamente, en los cuatro meses del año, en términos de crecimiento y producción ha habido una expansión aproximada del 7.4%, principalmente de cobre y hierro. Hay mayor demanda y producción pese a toda la conflictividad que tenemos. Desde el punto de vista de la producción en minería metálica, hemos tenido un incremento.

 

Si lo ves en términos de inversión, entonces realmente hemos tenido una recaída bastante grande. En el primer trimestre de 2023, la inversión fue de 835 millones, 198 millones menos que en el mismo periodo de 2022. Esto, en parte se debe a que están terminando los grandes megaproyectos como el de Quellaveco, que ha terminado la construcción e iniciado operaciones. Si bien en MINEM hay una gran cartera de proyectos casi ninguno está saliendo. Y no hay grandes megaproyectos para este año. Es importante mencionar la postergación del proyecto Yanacocha Sulfuros, que representaba una potencial inversión de $2,500 millones. No se espera gran crecimiento de la inversión en los próximos años sino por el contrario, un descenso en la misma.

 

¿La reducción de la inversión tiene que ver con la falta de confianza, la conflictividad social y el ruido político que existe en nuestro país?

 

No solamente con eso. Creo que también tiene que ver con que no hemos hecho suficiente exploración. Nos hace falta.

 

El ruido político genera un problema y es uno de los retos que tenemos que enfrentar como país. El problema es que la solución de los conflictos no necesariamente depende únicamente de la industria minera, sino también del Estado y actores de la sociedad civil. Y me refiero a la necesidad de contar con un Estado presente, descentralizado en el territorio nacional. Esta no es una cuestión que vamos a resolver en un gobierno, en uno o dos años. Hay temas estructurales y de fondo que tenemos que empezar a resolver como Estado.

 

¿Cómo ha impactado la conflictividad social en la inversión minera?

 

Si vemos los conflictos mineros, casi todos tienen su origen en las etapas de descubrimiento y exploración, más que en las etapas de explotación. Hay muchos compromisos que se asumen en mesas de negociación y, durante los conflictos, uno de los problemas que se repite es el incumplimiento de los acuerdos. Casi todas las empresas aducen que han cumplido sus compromisos. Anota que son muchos los compromisos asumidos por el Estado y por distintas instituciones de este y que estos compromisos no se están cumpliendo. Y ese es uno de los problemas: el Estado no cumple sus compromisos; no hay una coordinación interinstitucional entre entidades estatales y se diluye la responsabilidad de ejecutar y cumplir los mismos. No hay una política clara de Estado sobre cómo manejar los temas intersectoriales durante los conflictos.

 

Súmale a eso la baja presencia de un Estado que es de por si débil. Creo que en ese actuar, los conflictos, en vez de resolverse, se siguen estirando.

 

El inicio de operación comercial de Quellaveco (Moquegua) ha sido fundamental para expandir la producción minera. ¿Considerar que la emergencia geológica producida por el volcán Ubinas podría impactar a esta operación? ¿Cuál sería su impacto en el sector?

 

Quellaveco es un actor importante para la producción minería. Recién ha empezado a operar y producir este año y se espera que sea uno de los actores que más aporten y produzcan a la minería nacional.

 

Hablando del volcán Ubinas, mientras se mantenga la situación actual, de alarma o alerta naranja, estimo que la producción va a seguir sin interrupciones. No soy un experto en el tema de erupciones volcánicas, pero imagino que si el volcán sube a alerta roja o hace erupción es muy posible que afecte toda actividad económica en la región. Todo dependerá de la intensidad de su erupción.

 

Desde el 2018, se han cancelado alrededor de 15 proyectos mineros, entre ellos tres de fosfato; y se postergó indefinidamente el inicio de la construcción de proyectos como Tía María (Arequipa), Michiquillay (Cajamarca), Ariana (Junín) y Trapiche (Apurímac), entre otros. ¿Cómo impactan estas cancelaciones en el crecimiento de la economía nacional?

 

Creo que estas cancelaciones afectan a nivel de atractivo del país para las inversiones. Impacta no solo en la producción, sino en el potencial de atractivo de inversión. Si son cancelaciones que se están dando por inseguridad en los conflictos sociales, no se consiguen las licencias, hay oposición, etc. no ayuda a la imagen del país. En ese aspecto, impactan negativamente a mediano y largo plazo.

 

Efectivamente, esas cancelaciones afectan el crecimiento y la velocidad del crecimiento de la economía, así como el atractivo del país para invertir en él. Nuevamente, para mí, uno de los problemas más grandes es identificar qué está haciendo el Estado en cuanto a políticas e incentivos para que estas cancelaciones no se den en el futuro. Creo que dar soluciones efectivas a los compromisos asumidos en el pasado por todas las partes ayudaría a generar un clima de confianza.

 

La caída en la producción minera impactará en la recaudación del canon y, a su vez, en obras públicas y beneficios para las regiones. ¿Considera que esto contribuirá a reducir la conflictividad social o, por el contrario, a acrecentarla?

 

De acuerdo al BCRP, la producción minera ha aumentado, lo que ha caído es la inversión. En esta etapa de transición energética que estamos atravesando, considerando el cobre como un mineral crítico para el futuro, hay un gran potencial de crecimiento. Si, como país, vamos a aprovechar esa oportunidad, primero debemos resolver la conflictividad social e inestabilidad vividas en este año y años anteriores. Y es necesario entender que hay temas y soluciones que trascienden más allá del sector minero para su solución.

 

Dicho eso, una caída en la producción impacta en la recaudación, en la capacidad ejecutar proyectos y en los beneficios que el Estado entrega, puede llevar a mayores demandas sociales. Es como un círculo vicioso. Podría uno esperar que dado que hay reservas y sub-ejecución del canon se podría, por un tiempo, compensar la caída en ingresos. Eso es un parche temporal y muy difícil de realizar. Para ello, los municipios, a nivel descentralizado, deben ser más efectivos y estratégicos en su ejecución; es decir, realizar una inversión que de resultados e impacte en la calidad de vida de la gente. Y no veo que eso se pueda llevar a cabo en el corto plazo.

En ese sentido, una menor recaudación del canon casi inevitablemente contribuiría a una mayor conflictividad.

 

¿Qué hace falta para reactivar el sector minero de cara a la segunda mitad del 2023?

 

Creo que una de las primeras medidas es tratar de responder a las demandas y compromisos no cumplidos. Es una parte muy importante, empezar a demostrar que los compromisos se cumplen y dan resultados. Esto ayudará a construir confianza. Creo que el Estado debe ser más proactivo en buscar, no solamente medidas de excepción para mantener la producción, como el último estado de emergencia que se acaba de declarar para el corredor minero, por ejemplo. Si bien, este tipo de medidas permiten continuar con la producción, son temporales y no resuelven el problema de fondo. Debemos tener una mirada seria, estructural y estratégica para no solo mantener sino aumentar la competitividad y atractivo del país para la inversión minera, cumplir los compromisos y garantizar una mejor utilización de los recursos que genera la minería. Si caen la inversión y los megaproyectos, caen los ingresos fiscales o, en el escenario menos malo, crecen a menor ritmo.

 

Tenemos que ser capaces de seguir atrayendo y aumentando la inversión. Además, tenemos que tener resultados que demuestren que todo ese crecimiento en ingresos y recaudación redundan en beneficios para la población en general, y en las zonas de influencia minera, en particular.

 

Fuente: CIUP